Hasta la Comisión de Educación del Senado llegó la Unión Nacional de Padres y Apoderados de Colegios Católicos, UNAPAC, el pasado miércoles 30 de agosto. El objetivo era exponer la visión de esta organización respecto del proyecto que termina con los aportes estatales a establecimientos con fines de lucro.
La declaración fue la siguiente:
A las Comunidades Educativas del país, a las autoridades y a la opinión pública
Nos dirigimos a Uds. a nombre de la Unión Nacional de Centros de Padres de Colegios Católicos (UNAPAC); institución que desde hace más de 20 años promueve la organización y participación de los padres de familia; primeros e insustituibles educadores, en la educación de sus hijos. Lo hacemos en un agitado y complejo ambiente, en el que se confunden las justas demandas de la sociedad, por una educación de calidad, en equidad, con intereses sectoriales de larga data.
Como organización de madres y padres que trabaja, a nivel nacional, en el campo de la educación y en representación de los padres de casi 600.000 alumnos, que estudian en 850 colegios, nos sentimos con el deber y el derecho de expresar nuestra opinión, solicitando que sea considerada en la búsqueda de soluciones y en la implementación de las políticas educacionales, que la patria necesita, para que se entregue educación de calidad a todos nuestros hijos, y en especial a los niños de los sectores más vulnerables y empobrecidos del país. En este contexto y con tal propósito declaramos que:
1.-El derecho a la educación debe ejercerse en un marco legal de libertad de enseñanza que permita a los padres de familia elegir el tipo de educación que desea para sus hijos, conforme a sus creencias, principios y valores.
2.-Los padres de familia, para poder elegir el tipo de educación para sus hijos, deben disponer de diversos proyectos educativos de instituciones públicas y privadas, como corresponde en una sociedad pluralista y democrática.
3.-La educación de calidad para todos, es una legítima aspiración y una exigencia de la sociedad en su conjunto, por lo tanto debe asegurarse en todos los establecimientos educacionales y abarcar a la totalidad de la población escolar.
4.- En nuestra calidad de contribuyentes, exigimos al Estado que se trate sin discriminación, de ningún tipo, a las escuelas y colegios en los que hemos elegido educar a nuestros hijos.
5.-Para entender qué es la educación de calidad, el Estado en diálogo con todos los agentes educativos y las organizaciones de la sociedad civil, debe establecer los mecanismos que la definan, los parámetros de medición y las instancias de supervisión.
6.-El financiamiento de la educación debe estar asegurado en el presupuesto de la nación y ha de contemplar la gratuidad en los estudios , desde la sala cuna hasta la educación superior, de todos los niños pertenecientes a los sectores carenciados del país, en cuyos hogares se perciben ingresos que impiden a los padres hacer aportes económicos, que si pueden hacer los hogares con mayores ingresos y recursos. Este criterio de equidad y justicia social debe aplicarse en todos los casos, independientemente de quien sea el proveedor del servicio educacional.
7.- Pedimos a los poderes ejecutivos y legislativos, que se escuche a todos los actores educacionales, sin olvidar, como se ha hecho hasta hoy, a las organizaciones de padres de familia, puesto que lo está en juego es el presente y el futuro de nuestros hijos para quienes una educación de calidad es lo más preciado que podemos entregarles.
Finalmente queremos expresar que confiamos y deseamos la pronta solución a los problemas que desde diversas organizaciones y con distintas manifestaciones se han representado a las autoridades del país. Creemos que el diálogo es el mejor camino para buscar soluciones y que las instituciones que democráticamente hemos validado, son las llamadas a escuchar las justas inquietudes y propuestas de la ciudadanía para legislar.
Firma: Directiva Nacional de UNIÓN NACIONAL DE CENTROS DE PADRES DE COLEGIOS CATÓLICOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario